La Democracia y el Virus de la Corrupción

En una fase histórica de cambios titánicos en el conocimiento científico y tecnológico, de globalización de las comunicaciones y la economía, permanecemos con desconexiones regionales y con polarizaciones entre ellas, inaceptables. En un mundo donde la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología deberían ser ejes fundamentales del desarrollo, nos encontramos en estos rubros entre los países más atrasados de la región. En una realidad penosa la involución cultural y el empobrecimiento de la educación (la educación en el Perú está entre las últimas de América Latina), la destrucción sistemáticas de valores que deberían ser el centro espiritual que nutre la sociedad peruana han sido sustituidos por el individualismo a ultranza, el menosprecio de lo nacional y el culto por lo extranjero. Las tensiones sociales se acumulan en medio de una crisis estructural prolongada, de la política que es endémica y la cultura que es permanente. El presente no es precisamente de estabilidad y de orden, sino de tensiones y convulsiones. Existe responsabilidad del estado por este hecho acumulativo alimentado en el transcurso de la República, pero igualmente de las élites que manejan los destinos del Perú en función de privilegios subalternos y no de un país que tuvo y tiene enormes condiciones para ser distinto y mejor. También en la fragilidad y más de las veces intermitencia de la democracia peruana, casi siempre avasallada por el militarismo, el autoritarismo, el sentido aristocrático y burocrático del gobierno, el caudillismo, la corrupción y la prebenda.Está también en la ausencia de instituciones fuertes que ordenen la sociedad en lugar de su precariedad sujeta casi siempre a los dictados del poder de facto. En la débil práctica de la democracia y atraso cultural de la población, que impide formar ciudadanos libres, conscientes, capaces de hacer respetar los derechos fundamentales que le conciernen, de hacer valer su dignidad y autoestima. En este abismo social y la polarización económica es donde la justicia social está ausente. Una sociedad justa, equilibrada, libre de pobreza y fundada en el trabajo, no dará lugar a la violencia política ni social. En una sociedad donde la sociedad es excluida no habrá gran unidad, ni democracia sólida, menos bases consistentes para el desarrollo sostenido y sustentable. Por ello hay que absolver varias preguntas: ¿Cuánta violencia social y pobreza podrá soportar la democracia?, ¿Cuánto valora la pobreza a la democracia?, ¿Cuán viable es la combinación de miseria y democracia?

Se preguntaba Valentín Paniagua: “Cabe igualdad, aún hoy, es decir, democracia, en una sociedad atravesada y agobiada por la pobreza, que es expresión más característica de inequidad? Conquistar la igualdad es sin duda el reto del futuro para construir una democracia verdadera y asegurar el desarrollo nacional.

Entonces, para que un régimen sea realmente democrático “requiere no sólo la liberación de la opresión de conciencia, información e ideas y la práctica de algunos derechos políticos, sino también la liberación de la pobreza. La construcción de un orden social que logre estas liberaciones de la pobreza. La construcción de un orden social que logre estas liberaciones implica ideas, pero confrontados con la realidad. Es más, democracia, desarrollo, justicia, y también ecología”.

Aún en el más rescatable régimen democrático, el virus de la corrupción se gesta y expande a través de una compleja red en la que el intercambio corrupto multidireccional y sistémico. Es obvio reconocer que la decrepitud del Estado, contribuye definitivamente para la manutención de varios tipos de corrupción. En el caso peruana, el tipo de estado ha sido conservado durante largo tiempo por la élite política dominante como medio para impulsar sus planes de enriquecimiento ilícito.

El estado como punto de unión de lo público y lo privado, ha sido utilizado por los gobernantes de turno para promover grandes dimensiones actos del corrupción sin ningún escrúpulo, límite y control. El control político, ya lo dijimos, se ha convertido en el epicentro de la corrupción e impunidad en el país, Escribe Alberto BATISTA:

“El ladrón presidencial latinoamericano desciende directamente de los virreyes o gobernadores coloniales, que asumían simultáneamente asuntos civiles, militares y legales; sin embargo, disponen de más ventajas que éstos para delinquir”, Todo empezó con Francisco Pizarra en Palacio de Gobierno como primer gobernante colonial.

Los últimos 20 años han sido bastante aleccionadores, llegando esta realidad a su extremo máximo y convirtiendo al país no sólo en usufructo de unos pocos, sino además en botín de aquellos que alcanzaron el poder. Esta visión de país-botín es la base del saqueo que se produjo durante la dictadura fujimorista y le dio sustento a la corrupción generalizada, que llevó a la autocracia al colapso, En el Perú existen alrededor de 35,000 personas siendo procesadas, o cumpliendo sentencia, De ese número, sólo alrededor de 70, es decir, el 0.2 %, gozan de un tratamiento especial denominado “arresto domiciliario”, casi todos ellos, procesados por ilícito s en agravio del Estado, es decir, delitos de “cuello blanco”, PROÉTICA, y la encuestadora APOYO hicieron que esas sensaciones y comentarios se conviertan en escalofriantes cifras que revelan, por ejemplo, que el 96 % de la población considera que la corrupción es un problema grave o muy grave para nuestro país y que debe ser atendido por el gobierno, Pepi PATRÓN, directora de Transparencia, fue aún más drástica: “La población siente que los encargados de luchar contra la corrupción son los mismos corruptos”.

Probablemente en cualquier otro lugar, una visión de este tipo, luego de casi dos siglos de existencia del país como entidad independiente sería inaceptable y quien la pronunciara sería visto irremediablemente como un radical. Sucede que en el Perú ha pasado a ser una idea corriente. Escribíamos allá por el 2001, algo que constituye toda una filosofía en el Perú con respecto la corrupción y la viveza criolla. Reproduciendo lo escrito por Álvaro Vargas Llosa, decíamos: “En el Perú el que no es un pendejo, es un cojudo. La pendejada es toda una filosofía de vida. Consiste en sacarle ventaja al prójimo, pero también a la ley, al gobierno. La cojudez es la peor ignominia: el cojudo, el caído del  palto, siempre fracasa y, además de fracasar, deshonran a la sociedad peruana. Ocurre claro, que para que haya pendejos tiene que haber cojudos. Si todos fuéramos pendejos, no habría a quien hacerle la pendejada. Del mismo modo, si todos fuéramos cojudos,  ninguno lo sería porque sólo se puede ser cojudo en comparación de otro más vivo, más pendejo, que a uno lo cojudea (cojudea a los otros). Ocurre que, esos «valores» la pendejada y cojudez han adquirido dimensiones institucionales en la vida política del país, es la filosofía puesta en práctica de nuestra corrupción y claudicante clase política”.

La Declaración de Lima de 1997, surgida de la Octava Conferencia Anti-corrupción llevado a cabo en la capital de la República, señala que, «la corrupción erosiona la base moral de toda sociedad», La Convención Interamericana Contra la Corrupción de la cual es parte el Perú, señala que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. Se hace evidente entonces la necesidad, hoy más que nunca, la creación de una línea divisoria en la escena pública entre quienes están y quienes no están con la corrupción del régimen pasado, del presente y, desafortunadamente, tal como está el país, prepararse para el futuro.

El Perú, lamentablemente, es un país donde la corrupción campea a sus anchas en todos los niveles y estratos social a su libre albedrío, en unos mayor que en otros desde luego.

Según Palomino,  coordinadora en Estados Unidos de Transparencia Internacional de Perú, manifestó  que es frecuente el pago con ropa, comida, medicamentos, artículos para el hogar, productos agrícolas, afiliaciones a organizaciones y partidos, favores personales y hasta con una simple botella de aguardiente. Frente a este hecho los que hemos tenido la oportunidad de participar en muchos procesos electorales, somos testigos presenciales de la compra y venta de votos aprovechando  la pobreza e ignorancia de los electores. Uno de últimos casos de  dimensión nacional fue el utilizado por Alberto. Fujimori para su reelección del 2000. Todo ello obliga a estar vigilantes. Afirma Baltasar Garzón, “No conviene olvidar el precio tan alto que se para por la libertad y la vida cuando se pierde la democracia”.

La corrupción, no solamente se expresa en el sistema electoral. Ella es apenas una muestra. La corrupción se da en todas las esferas de la vida social de los países latinoamericanos y el nuestro en específico. América Latina es la segunda región del mundo percibida como más corrupta, según los resultados del Índice de Percepción de Corrupción de 2003.

El reto que tenemos por delante es entonces enorme: hay que cumplir con la promesa fundacional de la República. Podemos referirnos al asunto de diferente manera Y poner énfasis en distintos aspectos, pero el caso es que hay que convertir al Perú en una comunidad política que no sólo tenga apariencia republicana sino que también brinde la posibilidad de un porvenir a sus habitantes. Se trata, en resumidas cuentas, de poner por delante un nuevo proyecto republicano que incluya a todos los peruanos como forjadores de su destino y logre que la democracia produzca bienestar y practique valores y no nos dejemos devorar por la corrupción y la élite que la genera, El sistema político se corrompe, se desintegra moralmente y pierde su razón de ser cuando no cumple sus fines elementales trazados en su propia norma fundamental, cuando quebranta o deja quebrantar la ley. y está más corrompido aún -como señala el diplomático Eduardo Ponce Vivanco, «si al ciudadano no le importa que la organización política que ha construido para su bienestar sea destruida por las autoridades elegidas para cumplir eficazmente las funciones de gobernar, legislar, administrar, investigar, juzgar, sancionar y garantizar el orden, la seguridad y la defensa», estamos perdidos.

La corrupción corroe el más fortalecido sistema democrático y tiende a destruirla por más sólida que se crea; la corrupción es mucho más que soborno, chantaje y coerción para enriquecerse o beneficiarse; invade extensos territorios de la vida política y social. La cleptocracia, o gobierno de ladrones -como en nuestro caso- siempre estará presente si a partir de la democracia participativa no se está presente en todos los actos de gobierno.

Hacer en el país como plantea Jian  Zemin: “Hay que tener plena conciencia de lo prolongado, lo arduo y lo complicado que puede ser el combate contra la corrupción; hay que implantar la mentalidad para una guerra prolongada y, al mismo tiempo, intensificar los trabajos en la actualidad. Hay que persistir en la política de tratar al mismo tiempo lo superficial y lo esencial del problema, con el objetivo de levantar un sólido dique de defensa ideológica contra la corrupción y la degeneración, y, al mismo tiempo, esforzarse por remover los terrenos y condiciones que favorezcan el crecimiento de los fenómenos de corrupción mediante la implantación de nuevos mecanismos, endureciendo las medidas que permitan prevenir y resolver el problema de la corrupción en su origen”. Convencidos de que “la civilización material y la civilización espiritual se complementan mutuamente y se desarrollan de manera coordinada”.

Toda acción política afronta riesgos y problemas. La democracia participativa es una forma de acción política que conlleva a generar la mayor participación política organizada de la ciudadanía en los actos de gobierno. En ese accionar, suelen presentarse mil contingencias contrarias al ejercicio regular de la democracia participativa, sean corrosivas o de simple indiferencia.
Señalemos algunas:

                                                                                                       

ü  Cuando se enfrenta a una democracia desorganizada en su base social: la democracia participativa es impracticable cuando tenemos al frente una masa desorganizada, anarquizada, con posiciones amorfas inentendibles. En estas circunstancias las multitudes sin Horizonte ni plataforma definida, deja a la espontaneidad su descontento contra todo orden que los excluye del sistema, de tal manera que se hace incontrolable la situación en las relaciones gobierno local-población.

ü     Cuando se enfrentan a personas, grupos o posiciones ideológicas, que asumen poses políticos “infantiles”, anarquistas y de terror, como por ejemplo los enarbolados por “Sendero Luminoso”  particularmente. Ellos ven en todo organismo del Estado un cuerpo corporativo “fascista” al que hay que destruir por pertenecer al viejo sistema. No les interesa el fortalecimiento de la práctica de la democracia participativa de las masas. Les interesa controlar ellos mismos todo órgano de poder por más pequeño que éste sea, bajo su consigna ¡salvo el poder es ilusión” Pero cuando  han tenido la oportunidad de llegar al control de algunos municipios, la gestión ha sido un desastre por la ineptitud y actos de corrupción indescriptibles.

ü  La democracia participativa, tiene que enfrentar a oportunistas y carreritas de todo pelaje. Estos suelen utilizar cualquier tribuna y cualquier oportunidad para sacar ventaja persona en su afán de posesionarse políticamente en el escenario con cálculos electorales. Son los que niegan todo acto positivo de la gestión de gobierno y adoptan casi siempre actitudes confrontacionales, con o sin razón. Prima, el interés personal, antes que los de la mayoría.

ü  La democracia participativa, tiene que enfrentar a grupos y sectas intolerantes de derecha o extrema izquierda que aprovechan cualquier resquicio democrático para sembrar terror. Utilizan la manipulación, el engaño y la confusión para desatar actos de violencia irracional hasta llegar al crimen, como el caos Ilave y otros lugares. Sin previamente haberse demostrado la ilicitud de los actos de gobierno de una autoridad.

ü     La falta de cultura cívica democrática es otro de los factores que impiden  el desarrollo de la democracia participativa. No habrá desarrollo ni consolidación de la democracia, allá donde no haya comprensión sobre la esencia y bondades de la democracia participativa en la relaciones sociales políticas de la comunidad.

ü     El descontento del orden jurídico que sustenta a todo Estado Constitucional de derecho es otro problema que limita el ejercicio y práctica de la democracia participativa.

ü    Los organismos e instancias a desarrollar una masiva educación cívica y jurídica en la ciudadanía sobre los Derechos Humanos, el contenido básico de la Constitución Política y sobre los derechos fundamentales de la persona humana, no son desarrollada adecuada y eficazmente. El derecho a la participación política, es una institución jurídica y cívica plenamente reconocida por el Derecho comparado, Tratados Internacionales y nuestra Constitución Política. Está reconocido como exclusivamente ciudadano, en otras palabras, es el derecho constituido de la ciudadanía. “La política de la democracia va más allá del concepto restringido de democracia política, entendido como elecciones, separación de poderes, funcionamiento del parlamento. No solo ese tipo de sistema no le es suficiente y aspira a más, a una democracia participativa. Debe recuperarse la distinción entre democracia formal y sustantiva, pero despojada de cualquier desvalorización de los procedimientos. Vale la pena señalar que estos tienen también un sentido sustantivo, pues cualquier conjunto de reglas no es democrático. Pero, además, la democracia debe tener una potencial sustantividad material, lo que quiere decir crear condiciones y oportunidades para la lucha por la igualdad”. En la Carta Magna, tales derechos están consagrados en los artículos 30° al 352°°. Así también lo confirma, el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, cuando el preámbulo señala “La construcción de la ciudadanía y de la democracia participativa sea responsabilidad fundamental de los partidos políticos”, o cuando expresa en el Título Preliminar de los Principios Fundamentales: “El régimen democrático se funda en la soberanía popular, la representatividad, la independencia, autonomía y equilibrio entre los órganos constitucionales, así como la participación, transparencia y fiscalización del poder público. El Estado reconoce el derecho de las personas a vivir en un régimen democrático” A decir de PÉREZ ROYO, “el derecho de participación es el vínculo entre   el derecho de autodeterminación política de cada individuo y el derecho de autodeterminación de la sociedad”. Además, “es el derecho constituido de la ciudadanía. Somos ciudadanos en la medida en que participamos en la formulación de la voluntad general y participamos en la formación de la voluntad general en la medida en que somos ciudadanos. Tan verdad es lo primero como lo segundo. La génesis de la ciudadanía y de la voluntad general no puede ser simultánea. El derecho de participación individual no puede existir sin la voluntad general y la voluntad general sin el derecho de participación individual. En esa ficción descansa la organización política de nuestra convivencia. Es la única que permite articular técnicamente el Estado Constitucional democrático”. Esta condición exclusivamente ciudadana del derecho de participación, lo diferencia de todos los demás. Es el único derecho en el que los individuos, al ejercerlo, no podemos diferenciarnos unos de otros. El ejercicio del derechdemocracia sin una verdadera filosofía democrática compartida por los ciudadanoso de participación no admite la diferencia. Todos somos exactamente iguales, tanto en la titularidad como en el ejercicio. “El ejercicio del derecho de participación política es la única concreción de la igualdad como derecho subjetivo que admite la Constitución. Dicho ejercicio es el que permite explicar racionalmente la formación de la voluntad general y organizar técnicamente el Estado Constitucional”. Es decir, “no puede haber ; sin un cierto nivel de desarrollo material y cultural, que permita la participación ciudadana real e indiscriminada, y unas estructuras e instituciones que la canalicen, sin ciudadanos imbuidos de un estilo de vida democrático”.